Sor María Florencia Gómez Valbuena murió en 2013 en la cama cuando tenía 87 años. Este final, que podría ser el comienzo de un relato de la serie de historietas “Vidas Ejemplares”, en las que se glosaban la vida de santos, mártires y vírgenes, no lo será nunca. Porque Sor María Florencia no tuvo una vida ejemplar que se pueda contar; al contrario, probablemente sea uno de los rostros más oscuros de la herencia del franquismo. Esta monja aparece en múltiples testimonios como protagonista de uno de los crímenes más crueles que pueden cometerse: el robo y el tráfico sistemático de bebés. Y ya nunca será juzgada.
Que algunas personas culpables mueran sin pisar un banquillo no exime al Estado español de su responsabilidad. Al contrario, esa impunidad es el síntoma de una herida abierta, de un crimen de lesa humanidad que ni se ha juzgado ni se ha reparado. Por eso, las asociaciones de víctimas continúan su lucha con una dignidad que contrasta con la cobardía institucional, viendo cómo, legislatura tras legislatura, se vuelve a registrar, y se vuelve a bloquear, la llamada Ley de Bebés Robados.
Y no será porque falten advertencias desde las más diversas instancias. En 2017, una delegación del Parlamento Europeo vino a España para ver de cerca qué había pasado con el robo de bebés. Lo dejaron todo por escrito: pidieron que se creara una fiscalía especial, un banco de ADN público, que se reconociera que estos crímenes eran de lesa humanidad y que se ofreciera apoyo real —psicológico, jurídico, institucional— a las víctimas. ¿Y qué ha hecho el Estado español desde entonces? Absolutamente nada.
Por eso, esta semana hemos vuelto a la carga en Parlamento Europeo y desde Podemos hemos registrado una nueva pregunta a la Comisión Europea. ¿O es que esta inacción no es saltarse la Directiva europea sobre derechos de las víctimas? ¿No va a hacer nada Bruselas si un Estado miembro se pasa por alto sus propias recomendaciones? Porque informes hay para aburrir: de Amnistía Internacional, de la ONU, del propio Parlamento, pero el Gobierno español sigue con los ojos cerrados y los oídos tapados.
El Grupo Sumar se comprometió a hacerlo “en noviembre o diciembre de 2024”. No lo hizo, no cumplió su compromiso y aquí seguimos, en junio de 2025, con la ley cogiendo polvo en una esquina del Congreso
Lo ocurrido con la Proposición de ley de bebés robados la anterior legislatura fue escandaloso. Fue aprobada en su toma en consideración el 23 de junio de 2020, con el voto favorable de todos los grupos excepto Vox. Pero ahí quedó. El PSOE se limitó a ampliar el plazo de enmiendas semana tras semana. No cerró el trámite hasta más de dos años después (!!!), el 28 de febrero de 2023, y lo hizo empujado por la presión de los colectivos que entregaron más de 80.000 firmas en el Congreso exigiendo su desbloqueo y, por qué no decirlo también, porque Podemos se sentaba en el Consejo de Ministros y aunque la Ley no dependía de sus ministerios, no dejó de hacer ruido y de presionar a su socio para que esta ley comenzará su fase legislativa.
A pesar de haber conseguido este paso, con la convocatoria de elecciones generales en julio de 2023, la ley volvió a decaer. Un déjà vu doloroso puesto que la anterior legislatura el recorrido de la Proposición de Ley fue similar.
El 28 de mayo de 2024 se registró una nueva versión de la proposición de ley. Se trata de un texto revisado por los colectivos, con mejoras técnicas y consensuado con varios grupos parlamentarios. Lo firman Podemos, Sumar, Bildu, ERC, BNG y Junts. PSOE, PP y PNV, aunque no lo firmaron, se comprometieron a votar a favor de la toma en consideración, como ya lo hicieron anteriormente.
¿Y qué ha pasado desde entonces? Lo que ha pasado se llama falta de voluntad política. Y también se llama irresponsabilidad. Porque después del registro, se han celebrado reuniones entre los grupos firmantes para definir quién la llevaría a debate. Como los grupos más pequeños no tienen cupo, el Grupo Sumar se comprometió a hacerlo “en noviembre o diciembre de 2024”. No lo hizo, no cumplió su compromiso y aquí seguimos, en junio de 2025, con la ley cogiendo polvo en una esquina del Congreso.
Sor María Florencia murió en la cama, pero las víctimas siguen vivas y no dejarán de luchar hasta que la justicia deje de ser una promesa
Esta es ya la tercera vez que se registra desde 2018. En cada ocasión, los mismos actores la impulsan y los mismos actores o parecidos la frenan. Mientras tanto, las víctimas envejecen, los archivos desaparecen, las pruebas se diluyen y los verdugos mueren en sus camas.
La ley no es simbólica, ese es problema, que busca Justicia. El PSOE no tiene problemas cuando la Memoria es para el reconocimiento, los homenajes, el acompañamiento del dolor, pero… ¿qué le pasa a este partido cuando las víctimas piden justicia que se pone de perfil? Esta ley es necesaria porque reconoce el crimen, crea una Fiscalía y una Comisión por el Derecho a la Identidad, garantiza exhumaciones, atención médica, jurídica y psicológica, campañas públicas y acceso a archivos eclesiásticos y privados. Da un marco legal a un horror que, sin él, seguirá invisibilizado. Porque no hay mayor violencia que el olvido.
La lucha por la Ley de Bebés Robados no es una batalla del pasado, es una exigencia del presente. Es la forma de decirles a miles de personas que su verdad importa, que su dolor no será enterrado junto a quienes se lo causaron. Es un compromiso con la justicia, con la memoria y con la humanidad. Sor María Florencia murió en la cama, pero las víctimas siguen vivas y no dejarán de luchar hasta que la justicia deje de ser una promesa. Esas son, para mí, las verdaderas vidas ejemplares.
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Artículo publicado en Diario Red
