BASTA DE IMPUNIDAD

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Comunicado de CEAQUA ante la ofensiva contra la Memoria de la derecha estatal

Los gobiernos autonómicos de PPVOX que se han planteado derogar las leyes de memoria democrática van a darle categoría de ley al relato franquista [...]. Ocultan deliberadamente que en 1936 hubo un golpe de estado que desencadenó una guerra horrorosa y dio paso a una dictadura a la que tampoco califican, obviando todo el derecho represivo que elaboró el franquismo para eliminar a sus adversarios políticos...

Ceaqua

Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo

Ceaqua

Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo

Desde hace unos meses en las comunidades donde VOX ha conseguido gobernar junto con el Partido Popular se están llevando a cabo modificaciones de las leyes autonómicas que estaban aprobadas. Además, asistimos al discurso constante de ataque a las asociaciones y organizaciones que luchas por la Verdad, la Justicia y la Reparación

COMUNICADO DE CEAQUA ANTE LA OFENSIVA CONTRA LA MEMORIA DE LA DERECHA ESTATAL

Ante la ofensiva de los gobiernos autonómicos de Castilla León, Aragón, Baleares, Extremadura y Comunidad Valenciana, regidos por coaliciones PP-VOX contra las leyes de memoria democrática desde CEAQUA manifestamos:

1.- La facilidad con la que ha vuelto a restablecerse el relato construido por la propia dictadura franquista acerca de la II República, del golpe de estado que desencadenó la guerra y de la propia naturaleza del régimen dictatorial, adquiriendo naturaleza de ley en las comunidades señaladas, muestra la fragilidad de la democracia actual, fundamentada en una transición donde las fuerzas políticas que la encabezaron apostaron por silenciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, por “no ser beligerantes” con una dictadura impuesta con el apoyo material del nazi-fascismo, mantenida sobre la liquidación física y represión política de la disidencia, el expolio de los vencidos, la desaparición forzada de menores así como la represión social e ideológica contra otros sectores. Un pacto de silencio que mantuvo indemne el relato que sobre sí mismo construyó el franquismo para justificar y legitimar sus atrocidades.

2.- Ese pacto de silencio tuvo en la Ley de Amnistía aprobada en 1977 una clave fundamental, en su artículo segundo eximía de toda responsabilidad a los funcionarios y agentes del orden público por “los delitos cometidos contra el ejercicio de los derechos de las personas”, lo que la convirtió de hecho en una ley de punto final para asegurar la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas. Una ley, además, contraria al Derecho Internacional de Derechos Humanos que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden amnistiarse, y que siguen esgrimiendo algunos jueces en la actualidad para negarse a investigar las querellas que presentan víctimas de los múltiples crímenes que cometió el franquismo durante la guerra, la dictadura y la transición.

3.- Estas políticas de guante blanco con el pasado franquista se justificaron durante años como garantías para la reconciliación. Como ha señalado Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, “la reconciliación no es que una víctima perdone a su torturador. La reconciliación es la recuperación de la confianza en el Estado. La confianza en que el Estado vela por tus derechos. Y eso solo se consigue a través de la justicia. Cualquier otra interpretación de la reconciliación es perversa”.

El camino de la Justicia para las víctimas de la dictadura se eludió en los años de la transición en aras al pacto de silencio y a ese falso concepto de reconciliación, lo que ha garantizado la impunidad de los perpetradores hasta el momento actual. Alimentada también por las tímidas y escasas medidas legislativas impulsadas por el Estado que no ha aplicado los compromisos internacionales que tiene suscritos como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos o lo exigido por Comités especiales de la ONU, como el Comité contra la tortura o el ya mencionado sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

4.- Pese al enorme trabajo de investigación realizado desde distintas disciplinas que ha evaluado y rescatado la magnitud de la represión franquista, pese a la presencia y persistencia de tantas víctimas y familiares por abrir camino a la Verdad que tanto tiempo estuvo silenciada, aún no ha habido en este país investigación judicial sobre esos crímenes. Investigación como la que hubo en Núremberg para conocer los crímenes del nazismo, o en los juicios de Argentina contra los responsables de la dictadura de Videla, o en la Audiencia Nacional española que investigó y condenó al responsable de los vuelos de la muerte, el militar argentino Adolfo Scilingo.

En España no se han investigado los crímenes de la dictadura franquista ni se ha establecido una verdad jurídica sobre esos crímenes, obligando a las víctimas a desplazarse 10.000 km para querellarse en la única causa abierta contra estos crímenes, la conocida como querella argentina.

El Estado español ha desatendido a estas víctimas por falta de voluntad y responsabilidad política. Las leyes estatales de memoria aprobadas tras mucha reclamación y trabajo de las asociaciones memorialistas –la ley de 2007 y la más reciente y algo más completa de 2022– no garantizan el acceso a la Justicia de las víctimas de los crímenes del franquismo.

5.- De esta manera, los gobiernos autonómicos de PPVOX que se han planteado derogar las leyes de memoria democrática van a darle categoría de ley al relato franquista, desoyendo las argumentaciones científicas, a la Academia y por supuesto a las víctimas. Y específicamente a las del franquismo, porque en sus propuestas leyes de “concordia” sí que mencionan a las víctimas del terrorismo y a las de la 2ª Republica. Su “concordia” excluye precisamente a las víctimas que el Estado español tiene aún pendiente de reparar y garantizar sus derechos: las víctimas del franquismo y la transición, como se le ha recordado desde instancias internacionales de Derechos Humanos. Ocultan deliberadamente que en 1936 hubo un golpe de estado que desencadenó una guerra horrorosa y dio paso a una dictadura a la que tampoco califican, obviando todo el derecho represivo que elaboró el franquismo para eliminar a sus adversarios políticos: los juicios sumarísimos, fusilamientos y torturas, el expolio y las depuraciones, el exilio forzoso, la represión específica contra las mujeres, el ‘robo de bebés’, hechos que se extendieron hasta años después de la muerte del dictador.

6.- Las leyes autonómicas que han derogado o quieren derogar, intentaron subsanar las carencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que no contentó a nadie. Las derechas en el poder –ya abiertamente filofranquistas– acusan a estas políticas memorialistas de ser “sesgadas”, de imponer una memoria ideologizada, de favorecer a una parte; pero olvidan que la otra ya tuvo su memoria, ya tuvo su verdad, su justicia y su reparación con el desarrollo de la Causa General. Esta causa facilitó exhumaciones, identificaciones y glorificaciones varias que aún se pueden ver en las iglesias de muchos municipios españoles y ofreció reparaciones de todo tipo.

Sus leyes de “concordia” son una vuelta atrás, pero ya se han abierto muchas fosas, se han visto decenas y decenas de cuerpos con el cráneo agujereado por los tiros de gracia, hemos recogido los testimonios de las personas torturadas, de las víctimas por el robo de niñas y niños, mucha gente rompió el silencio. Esa Verdad no puede volver atrás. Muchas víctimas saben que tienen derecho a la tutela judicial y seguirán peleando por ella.

7.- Por último, es preciso señalar que la vigente Ley de Memoria Democrática de 2022 fue una ocasión inmejorable para poder haber ido bastante más allá en materia de verdad, justicia y reparación y blindar así los logros conseguidos en los últimos años por el movimiento memorialista frente a los ataques que ahora está impulsando PP-VOX. Se renunció entonces a profundizar en estas conquistas derogando la Ley de Amnistía de 1977, así como la de Secretos Oficiales, de 1968; considerando expresamente los crímenes cometidos por el franquismo como crímenes contra la humanidad; abriendo plenamente las puertas de la Justicia a la admisión a trámite de las acciones judiciales interpuestas con esta finalidad; regulando los mecanismos y medios para la identificación, no solo de las víctimas, sino también de los victimarios y, por último, para la aplicación directa de la normativa internacional vigente en materia de derechos humanos.

Es por ello que consideramos que la necesaria y firme lucha contra cualquier intento del PP-VOX de modificar o anular la normativa autonómica hoy existente, debe ir acompañada también de la necesidad de recuperar las exigencias del movimiento antes señaladas que la Ley de Memoria Democrática no asumió.

Desde CEAQUA apostamos por la protección de todos los derechos de las víctimas del franquismo amenazados, una vez más, por los defensores de la dictadura.

¡Por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del franquismo y la transición!

Comunicado en CEAQUA.ORG

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