La asociación “Todos los niños robados son también mis niños” celebra con gran entusiasmo la publicación hoy, martes 16 de marzo, del Informe de Amnistía Internacional: TIEMPO DE VERDAD Y DE JUSTICIA. VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS CASOS DE ‘BEBÉS ROBADOS’. Puedes leer o descargar informe a continuación.
El Informe, elaborado durante los últimos 3 años y en el que nuestra asociación, “Todos los niños robados son también mis niños”, ha colaborado estrechamente con los investigadores de Amnistía Internacional, llega a las siguientes conclusiones fundamentales, entre otras, que confirman lo que las asociaciones de víctimas siempre hemos defendido:
- El robo de niñas y niños en el Estado español da cuenta de hechos que “podrían constituir un crimen desaparición forzada”, de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo que tiene claras consecuencias en cuanto al estatuto de la prescripción. Según el Derecho Internacional de Derechos Humanos, el delito de desaparición forzada es un crimen continuado en el tiempo que no prescribe hasta que se esclarezca la suerte y paradero de las personas desaparecidas, y se les garantice la posibilidad real y legal de restablecer su verdadera identidad.
- El Estado tiene la obligación de investigar estos crímenes, y al no hacerlo se mantiene la impunidad incluso hoy, al seguir vulnerando los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las víctimas del robo de niñas y niños. No es, por tanto, un crimen del pasado sino del presente al estar estas niñas y niños, hoy adultos, todavía desaparecidos.
Las recomendaciones del Informe son resultado de una objetiva y exhaustiva investigación y coinciden plenamente con nuestras reivindicaciones. Entre otras:
- Al Poder Legislativo:
“Promulgar una ley específica destinada a la búsqueda e identificación de las personas que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de identidad”.
Establecer las reformas necesarias del Código Penal para “asegurar que el cómputo del plazo de prescripción en casos de desaparición forzada no comience sino hasta que se determine la suerte y paradero de la persona desaparecida. Muy especialmente, para garantizar que dicho cómputo, en el caso de los ‘bebés robados’, no comienza sino hasta que a la víctima se le garantiza la posibilidad real y legal de restablecer su identidad y, en su caso, los lazos familiares”. Así como revisar “los Concordatos con la Santa Sede, en particular el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979, para que no constituya un impedimento a las investigaciones de violaciones de derechos humanos”. - Al Poder Ejecutivo:
En concreto, al Gobierno central se le recomienda aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales de Derechos Humanos “en relación con casos de posibles sustracciones ilegales de menores”. Citando expresamente en el Informe al Relator Especial sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, al Comité contra las Desapariciones Forzadas y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
También le recomienda que reconozca de manera pública que nunca se dio a las víctimas una respuesta adecuada “por parte del Estado con relación a los procesos de búsqueda de posibles sustracciones ilegales de menores; dicho reconocimiento debe realizarse teniendo en cuenta las causas e impacto que ha tenido la violencia sufrida por las mujeres por razón de género”. - Al Poder Judicial y Ministerio Fiscal:
Realizar investigaciones de oficio “de manera exhaustiva, independiente e imparcial”; asumir los dictados del derecho internacional en cuanto a la interpretación de la prescripción “de tal forma que no comience a computar hasta que se garantice la posibilidad real y legal a la víctima para restablecer su identidad y, en su caso, los lazos familiares”; y reexaminar los casos que ya estuvieran archivados y en aquellos donde “exista prueba indiciaria de la comisión de una desaparición forzada, reactivar las investigaciones o, en su caso, instar a la reapertura de las investigaciones judicializadas”.
El Informe también hace recomendaciones a la Santa Sede, en cuanto a la revisión de los Concordatos con el Estado español y las disposiciones que puedan estar vulnerando los derechos de las víctimas; así como en relación con el libre acceso a los archivos, por parte de las víctimas
A todos los Poderes se les recomienda que asuman un papel activo en la resolución de este crimen, coordinación entre todas las instituciones y con las asociaciones de víctimas y, en definitiva, que implementen todas las medidas precisas, descritas exhaustivamente en el Informe, para que las víctimas puedan disfrutar de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.
El Informe también hace recomendaciones a la Santa Sede, en cuanto a la revisión de los Concordatos con el Estado español y las disposiciones que puedan estar vulnerando los derechos de las víctimas; así como en relación con el libre acceso a los archivos, por parte de las víctimas, de “las entidades y asociaciones eclesiásticas y las congregaciones y órdenes religiosas dependientes de la Santa Sede”, recomendación que hace extensiva a la Conferencia Episcopal.
Queremos destacar que todas estas recomendaciones, además de otras que se exponen en el Informe, están recogidas en el articulado de la “Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español” que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados y que promueve CeAqua (Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo) a propuesta de nuestra asociación, “Todos los niños robados son también mis niños”. Una iniciativa que contó con el apoyo de Amnistía internacional desde sus inicios en 2017, y con el de otras entidades como la asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad (representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en España), a las que se suman entidades memorialistas, feministas y académicas. Y con el destacable respaldo de asociaciones de víctimas por el robo de niñas y niños de diferentes partes del Estado español.
Confiamos que este Informe, y todas sus recomendaciones, sea tomado en consideración por todos los Poderes del Estado y suponga un determinante impulso a la tramitación de dicha Proposición de Ley.
Consideramos este Informe un documento clave de apoyo a las víctimas, y pionero en la investigación veraz sobre la causa del robo de niñas y niños. Que esta investigación haya sido realizada por Amnistía Internacional, organización en defensa de los Derechos Humanos, aporta un valor añadido. Sus recomendaciones deberán servir a los diversos Poderes, todos interpelados en este Informe, para dar soluciones a las víctimas de este crimen con la debida diligencia. Sin olvidar, la necesaria perspectiva de género que debe aplicarse a todas las investigaciones y bajo la cual se ha realizado este Informe. Una perspectiva que nuestra asociación siempre ha defendido.
Queremos trasladar a Amnistía internacional todo nuestro agradecimiento por el trabajo elaborado, por el tiempo que sus investigadoras/es han empleado, por el cariño y empatía con los que trataron a las víctimas durante las entrevistas, por el esfuerzo realizado que ha ido mucho más allá de lo que esperábamos, y por la valentía que han demostrado al escribir este Informe, fruto de años de dura, intensa y rigurosa investigación.
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Soledad Luque Delgado
Presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Entidad integrante de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo (CeAqua) y del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo.
