Valoración del Informe “Observaciones finales sobre la información complementaria presentada por España con arreglo del artículo 29, párrafo 4, de la Convención”.

La asociación “Todos los niños robados son también mis niños” celebra con inmensa satisfacción la publicación de dicho Informe.

El pasado 17 de septiembre, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (a partir de ahora Comité) mantuvo un diálogo con nuestro Estado sobre la información adicional proporcionada por España, en respuesta a la solicitud del Comité en 2013, acerca de las medidas adoptadas por España para cumplir las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (a partir de ahora Convención), ratificada por el Estado español en 2009.  VER AQUÍ.

Como conclusión de ese Diálogo, el Comité publicó el 27 de septiembre un Informe con sus observaciones finales en relación con los siguientes temas:

1. Armonización de la legislación interna con la Convención;

2. Investigación de casos de desaparición forzada, búsqueda de personas desaparecidas y reparación de las víctimas; y

3. Prevención de las desapariciones forzadas.

Teniendo en cuenta todas y cada una de las importantes recomendaciones que el Comité realiza a nuestro Estado, nos centramos en este Comunicado en lo relacionado con la apropiación de niñas y niños.

Valoramos muy positivamente y recibimos con entusiasmo todo lo expuesto por el Comité al instar al Estado español a la pronta aprobación de la Ley de bebés robados en el Estado español (122/39), injustificadamente parada en el trámite de enmiendas desde hace un año, “garantizando su plena compatibilidad con la Convención”, y teniendo en cuenta muchas de las reivindicaciones del colectivo de víctimas por el denominado ‘robo de bebés’ que aparecen en dicha Proposición de Ley.

En concreto:

1. la creación del Banco Nacional de ADN, centralizando todas las muestras aportadas de manera gratuita y voluntaria por las víctimas que hayan interpuesto una denuncia, “sin necesidad de contar con una orden judicial”; investigaciones exhaustivas, independientes y eficaces “más allá del tiempo transcurrido” de todos los casos, con participación activa de los allegados si así lo requiriesen, para la búsqueda e
   identificación de las niñas y niños desaparecidos garantizando su derecho a la identidad;
2. que el plazo de prescripción solo empiece a contar “a partir del momento en que se restituye la identidad de las víctimas”; que los perpetradores de este crimen sean
   investigados, juzgados y  sancionados “de conformidad con la gravedad de sus actos”;
3. que se asegure la conservación de toda la documentación pública y privada que pudiera resultar relevante “para la investigación y búsqueda de niños y niñas que pudiesen haber sido víctimas de desaparición forzada y/o apropiación en los términos del artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Convención” y el acceso a los archivos que la contenga.

Todo lo anterior se ve acompañado y reforzado por otras valiosas recomendaciones que nos afectan directamente y que aplaudimos:

• Incluir una referencia explícita del delito de desaparición forzada en el Código Penal, algo que todavía no ocurre, y que debido a su gravedad se establezca penas
  específicas para los perpetradores de este delito, como se expresa en el artículo 25, párrafo 1 (a) de la Convención ya que, compartimos con el Comité, que los delitos
  que habitualmente se relacionan con el ‘robo de bebés’ no son en absoluto suficientes para determinar la gravedad del crimen, provocando su prescripción y la
  imposibilidad de investigación. Las investigaciones para la búsqueda de las personas desaparecidas deben estar coordinadas de manera adecuada y sistemática, con disponibilidad de recursos económicos y personal cualificados.
• Que nuestro ordenamiento jurídico interno contemple el derecho a la verdad de todas las víctimas de desaparición forzada, conforme al artículo 24, párrafo 2, de la Convención, independientemente de la fecha de inicio de la desaparición forzada.

Sin olvidar que nos afectan con igual relevancia los siguientes aspectos del Informe de Observaciones finales del Comité:

• Como víctimas del franquismo, compartimos con el Comité la preocupación por la ausencia de medidas dentro del Proyecto de Memoria Democrática para que las víctimas puedan ejercer su derecho a la Justicia, y que no se eliminen las trabas legales, como la Ley de Amnistía de 1977, para que los perpetradores de estos delitos sean investigados, juzgados y penados según “la gravedad de sus actos”.
• Como entidad querellante en la acción judicial que se instruye en Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.º 1 de la República Argentina contra los
  crímenes del franquismo, participamos plenamente de lo expuesto por el Comité al instar a nuestro Estado a la obligada cooperación con el Juzgado de Buenos Aires para garantizar el auxilio judicial.
• Como organización que realiza un trabajo integral con las víctimas de la apropiación de menores desde una perspectiva memorialista y de género, consideramos crucial la
  recomendación del Comité de que el Estado “integre sistemáticamente una perspectiva de género y tome en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, los niños y las niñas cuando implemente las presentes recomendaciones y el conjunto de los derechos y obligaciones dimanantes de la Convención”.
  Nuestra asociación mantiene con el Comité una fluida comunicación que comienza en
  2013 de la mano de Amnistía Internacional, y continúa desde 2018 con el asesoramiento
  y ayuda de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-
  Desaparecidos (FEDEFAM), a través de su representante en Ginebra.

Agradecemos que el Comité haya tenido en cuenta para este Informe de Observaciones finales nuestras diferentes comunicaciones e intervenciones en las sesiones celebradas con la sociedad civil, y los documentos que les hemos hecho llegar durante estos años, así como las de otras entidades que también han aportado información relevante.

Nos sentimos plenamente reconocidas en este Informe de Observaciones finales del Comité a España, ya que vemos incluidas todas las peticiones que hicimos al Comité de manera general y también de forma concreta y específica sobre la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español que promovemos en el Congreso de los Diputados desde 2018, desde la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo-CeAqua, con el apoyo de entidades, nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, a las que se suman organizaciones memorialistas, feministas y académicas. Y, por supuesto, tiene el respaldo imprescindible de numerosas asociaciones de víctimas por el robo de niñas y niños de diferentes partes del Estado español que se han sumado de manera importante, destacable y proactiva. Ver noticia AQUÍ

Trasladamos nuestro mayor agradecimiento al Comité y nuestra cooperación hasta conseguir que las víctimas por el ‘robo de niñas y niños’, como cualquier otra víctima de desaparición forzada, puedan ejercer “sus derechos a la justicia, la verdad y la
reparación integral”.

Urgimos a nuestros gobernantes, legisladores, jueces, en definitiva, a los Poderes del Estado a que tengan en cuenta todas las recomendaciones hechas por el Comité en su Informe de Observaciones finales. Seguimos trabajando para que la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español (122/39) siga su curso y que nuestras diputadas y diputados aceleren su tramitación para su pronta aprobación. La desaparición forzada de menores ocurrida en nuestro país durante la dictadura hasta bien entrada la Democracia debe llegar a su fin y también el sufrimiento que provoca a miles de personas.

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Todos los niños robados son también mis niños