Archivo de agosto 2024

Sin descanso

En agosto, en plena canícula estival, parece que toda preocupación se diluye entre el sopor, el relax, y el mayor tiempo libre que permite reconfortantes actividades veraniegas a los que consiguen tener algún tiempo de vacaciones. Un paréntesis temporal de algunos días, o de semanas los más afortunados, en que se intenta dejar fuera el estrés cotidiano producto de cuitas a las que atender y solucionar durante el resto del año.

Es un momento, igual que en Navidad o como en todas las fechas señaladas de descanso, donde las familias suelen tener más tiempo para compartir. Bueno, no todas. Hay familias que siempre han tenido sillas vacías en las celebraciones, regalos que no se han dado en cumpleaños, paseos al lado del mar donde se siente la falta de una mano a la que agarrarse, juegos no compartidos… Son, somos, familias con huecos, con ausencias absolutamente, y siempre, presentes.

Estos vacíos no deberían verse como fruto de tragedias familiares o individuales, sino que afectan a toda la sociedad. Ni son hechos que debieran quedarse en el pasado porque las consecuencias todavía las seguimos sufriendo en nuestro día a día.

Las desapariciones forzadas de miles de menores, lo que socialmente se conoce como ‘bebés robados’, es un delito continuado en el tiempo solo resuelto cuando se encuentra al desaparecido, vivo o muerto. Tan continuado y permanente como la angustia y aflicción que provoca en los familiares que los buscan.

Este crimen, imprescriptible según el Derecho Internacional de Derechos Humanos, se produjo durante la dictadura franquista hasta entrada la democracia. En un primer momento separando a los niños y niñas de las mujeres antifranquistas en las cárceles y simulándose su fallecimiento en las maternidades en etapas posteriores, pero siempre como fruto de las represiones ejercidas por el franquismo por motivos eugenésicos, políticos, ideológicos, morales, religiosos, sociales, y de género. Continuó hasta bien entrada la democracia donde nunca se investigaron esos crímenes, como ninguno de los demás crímenes de la dictadura ni de la transición, ni se terminó con la impunidad heredada.

Como crimen de Estado en un contexto dictatorial, con derivaciones en la democracia, es el Estado el que debe tomar medidas para la obtención de la verdad de los hechos ocurridos, de la justicia y reparación que merecen las víctimas y para asegurarse de que esta barbarie no se repita nunca más. Este es el propósito que nos mueve desde hace años, nuestra razón de ser, que se ha concretado en la promoción e impulso de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español: desaparición forzada de menores. Esta iniciativa legislativa lleva en el Congreso de los Diputados desde 2018, un periplo de dos legislaturas cuya trayectoria resultó tan extensa como intensa; así como también ha sido incomprensible para las víctimas la ralentización y, en algunos momentos, el bloqueo de su tramitación parlamentaria.

Esta es la tercera legislatura en que los Grupos parlamentarios han hecho de nuevo el registro de la Proposición y con ello surge en el colectivo de víctimas una ilusión renovada. No es una ilusión por candidez, sino por necesidad. Es imprescindible mantener la esperanza para seguir adelante, a pesar del cansancio, de la frustración repetida, del desasosiego y la incertidumbre, y del dolor que nos produce la pérdida de tantas víctimas que fallecen sin saber la verdad y sin conseguir justicia.

Somos conscientes de que todas las leyes llegan tarde, esta también, pero después de dos legislaturas, esta tiene que ser la definitiva, no podemos esperar más, nuestros políticos no deben hacernos esperar más. Esta ley es necesaria porque vivimos en un Estado de Derecho que debe proteger a todas las víctimas en el reclamo de sus garantías fundamentales. Con esta normativa se ampara a todas las personas que sufrieron este crimen, tanto en la dictadura como después, y tanto a las familias que buscan como a las personas en busca de su identidad de origen.

Conocemos, por las conversaciones mantenidas, el compromiso de los Grupos parlamentarios que apoyan la Proposición para que la ley salga aprobada en esta legislatura. Un compromiso que exhortamos a cumplir. Estaremos vigilantes, seguiremos trabajando hasta que la Ley sobre ‘bebés robados’ vea la luz, y lo haremos sin descanso.

Artículo publicado en Tribuna14

Una monja le dijo a mi padre que mi hermana había muerto y le mandó callar

“Estoy buscando un poco de Justicia”. Cristina Serrano sospecha que el régimen franquista falseó la muerte de su hermana para entregarla a otra familia, una afín a la dictadura. Pero, durante su investigación, ha descubierto que podrían ser hasta cinco los bebés que habrían hecho “desaparecer” a su madre. Hace doce años inició la búsqueda de su hermana mayor, que hoy rondaría los 70. Asegura que, ni en el Hospital de Santa Cristina (Madrid), ni en ningún otro centro de la capital, existen registros sobre la pequeña, aunque allí fue donde dio a luz su madre, Josefa, en diciembre de 1956. Apenas saben que la niña pesó algo más de cuatro kilos. La versión que les dieron entonces es que había fallecido 10 minutos después del parto. “Les dijeron que había muerto porque era muy grande”.

Jamás han sabido dónde yacería enterrada. Josefa, ya fallecida, nunca pudo tocarla. Ni siquiera pudo verla. El padre de Cristina, Miguel, insistió en ver su cuerpo, y una de las monjas del centro llegó a amenazarlo. “Entré y me echaron. Llega una monja y dice que, o me callo, o me echan”. Rememora el gesto que le dedicó la religiosa a su padre: “Se llevó los dedos a los labios, exigiendo silencio”. “‘Tú te callas’, le dijo a mi madre”. “En aquella época tenían un poder tremendo”, abunda.

Finalmente, el padre de Cristina y su abuela lograron ver el cuerpo de una pequeña, una niña de cabello rubio, muy rizado. Reposaba sobre una mesa de acero inoxidable. “Era enorme, parecía que tenía dos años. Esa niña pesaba más de cuatro kilos, ¿cómo no se va a morir?”, le comentó su padre. En su cabeza no concebía la existencia de “tanta maldad”. Nunca acabó de creerse que alguien pudiera arrebatar a una neonata de los brazos de sus padres para entregársela a otra familia. “Le pregunté: ‘¿Puede ser que te lo quitaran por tus ideas de comunista, de ateo?’”.  Él y su madre habían “normalizado” el hecho de no tener ni una tumba en la que llorar a su pequeña. “Dijo el hospital que se encargaba de todo, la frase famosa”, rememora Cristina. Josefa no hablaba de ello, y murió antes de que su hija se pusiera sobre la pista de su hermana. Miguel llegó a tener dudas sobre la versión oficial, pero falleció en una residencia, en plena pandemia de Covid-19. Su hija decidió seguir buscando respuestas.

“He ido coleccionando recuerdos, yo no tenía nada”, afirma. Josefa vio a su padre, el abuelo de Cristina, encarcelado tras un juicio sumarísimo. Su cuñado fue ejecutado. Algo antes del arranque de la Guerra Civil contrajo matrimonio por lo civil, y su marido se alistó en el ejército republicano. Fue arrestado, condenado y fusilado. Cristina tiene su certificado de nacimiento, pero no el de su defunción. E.G.S. eran sus siglas. Sabe que fue enterrado en Asturias.

El rastro de otros tres bebés

Nacida en Madrid en 1961, trabajadora de Adif desde 1982, Cristina pertenece a la asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’. Ella tampoco había albergado dudas sobre la versión oficial de la muerte de su hermana hasta 2012. De casualidad, haciendo ‘zapping’ en la televisión, conoció una serie de reportajes publicados por María Antonia Iglesias y Germán Gallego en la revista Interviú en los 80. Investigaban sobre las adopciones irregulares en la Clínica San Ramón, y sobre los horrores que allí se registraron. Aún recuerda la respuesta de Iglesias en ese programa de televisión, cuando le preguntaron por qué unas revelaciones de ese calado no habían tenido más repercusión: “Si le dan bombo, la gente se interesa”. El interrogante se materializa en su mente. “¿Y si mi hermana fuera uno de estos casos?”.

La búsqueda de su rastro ha sido ardua. “Nadie se acordaba de nada. Todos los hospitales decían que no habían asistido a mi madre”. Con la ayuda de un abogado, reclamó oficialmente los documentos. Cinco o seis semanas después, recibió la llamada del hospital. Le dieron fecha y hora para consultar los documentos que habían logrado recabar. Y le previnieron: “A lo mejor vamos a darte una noticia”. Le entregaron una fotocopia de un documento con información sobre su madre, un A3 doblado que aún conserva. En la carátula delantera del informe estaba, manuscrita, la bomba: su madre tuvo otros cuatro hijos; un niño en 1936; una niña en 1938 y gemelos en el 1940. No hay más rastro de ellos. Cree que nacieron en un domicilio, por lo que es aún más difícil tener más datos. No sabe si los niños murieron en la guerra, ni si viven a día de hoy. Su madre nunca le dijo una palabra. “De buscar a una niña me encuentro con otros tres. Estuve en Asturias buscando. Es como si se hubieran esfumado”.

En un país en el que el primer juicio por un caso de ‘bebés robados’ se celebró hace apenas seis años, con el reportaje de la Clínica San Ramón como apoyo documental, Cristina judicializó su caso. El procedimiento quedó bloqueado, a la espera de que presentara los documentos originales. “Nunca me los dieron”. Está convencida de que, en muchos casos, los papeles nunca llegarán a salir a la luz: “Pueden decir que han desaparecido en inundaciones o incendios, que no los encuentran”.

Hace 7 años, su asociación redactó el texto de una proposición de ley para facilitar las búsquedas y empezar a resarcir a las familias que sufrieron estos ‘robos’. La norma acabó en vía muerta en el Congreso en dos legislaturas distintas, y volvió a aterrizar en la Cámara Baja a finales de mayo. Ni siquiera ha empezado a tramitarse, y víctimas como Cristina se desesperan. “A veces me dan ganas de decir ‘mando todo a la mierda’, porque no vamos a conseguir nada. Pero si no peleamos esto se va a perder. Somos muy poquitos, creo que no interesamos a nadie”. “Una herida se cierra cuando está cicatrizada. Si no, no se cierra nunca. Y están dejando que esto se olvide”.

“Vi cómo se llevaban corriendo a mi hijo”

Asegura que hay madres que han muerto a la espera de encontrar a sus hijos, hermanos y hermanas que han perdido la vida sin haber encontrado a sus parientes. Cristina recuerda especialmente a Adelina, que vio cómo le arrebataban a su pequeño Bruno cuando acaba de nacer. Cristina recuerda cómo le narró el episodio de la última vez que vio a su hijo: “Vi cómo se llevaban a Bruno por el pasillo, corriendo. Llevaba el jersey de topitos que le hice. Me enganché y todo”. Otra de estas madres, Praxe, llegó a protestar encadenada en una plaza, en Valencia. Su hija se llamaba Vanessa. “Siempre archivaban su caso”, recuerda.

En su asociación tienen registro de muchos más nombres: Antonio también murió antes de encontrar a su hermano, como les ocurrió a Victoria y a Charo. Y Carmen no llegó a conocer a su hermana melliza. “No podemos olvidar a ninguna de ellas, ni permitir que pase más tiempo y nos vayan dejando más compañeras y compañeros antes de que esta ley vea la luz”, defienden.

“Ojalá me regalen conocer a mi hermana”

Saber la verdad y conocer por fin a sus familiares es un motor para las víctimas. Cristina cree que se sentiría “muy nerviosa”, pero desea que llegue el día en que se lo “regalen”. Por difícil que parezca. Sus otros hermanos, los que se han criado a su lado, no participan en esta búsqueda. “Prefieren ignorarlo”. “Menudo lío”, dicen, de confirmarse que tienen otra hermana. Teme que, cuando ella falte, sus hijos no sigan indagando.

No hay cifras oficiales de cuántos niños y bebés sufrieron este destino. Las asociaciones hablan de un suelo de 30.000 presuntos casos únicamente hasta los años 50, pero temen que sean muchos, muchos más. A la problemática para acceder a los archivos, a la ausencia de un banco de ADN (como el que contempla la proposición de ley), se añade la dificultad de asumir algo así, tantos años después. “Hay mucha gente que no quiere saber, le da miedo”.

Cristina conoce a algunas víctimas que sí han localizado a sus familiares. A veces, cuando alguien sufre problemas de salud, descubre que no tiene lazos de sangre con quienes creía sus progenitores. No suelen denunciar. También le han llegado pistas de familias que han vivido la situación inversa: “Mi vecina repetía el caso de una mujer que no podía tener hijos, y que se los habían dado”. “Lo sufrían los pobres, los que no podían defenderse”, lamenta.

Piensa en su hermana a menudo; cada vez que ve un bebé, o cuando habla con amigas sobre sus familias. “Pienso, joder, yo tenía una hermana y alguien me la ha hecho desaparecer. Alguien me la ha quitado, no ha crecido conmigo”. Ya no malgasta energía con quienes no entienden lo que suponen estas ausencias para las víctimas. “Lo ven como que se les ha hecho un favor a esos niños y niñas. Los han sacado de una familia pobre que no podía pagarles los estudios, ni comprarles zapatos todos los años”. “Para alguien que no lo ha vivido, es supercostoso de entender. Te preguntas cómo el ser humano es capaz de tanta maldad”.

Ha pasado tres años en segunda fila de la lucha por aclarar lo ocurrido. Sabe que, después de recordar, vuelve el dolor. “A nivel emocional te afecta muchísimo”. Si surge, habla de ello en el trabajo, a pesar del impacto que le genera. “Mis compañeros se quedan perplejos porque esto haya pasado aquí”. Y celebra haber conocido a sus compañeros de lucha, “gente peleona, luchadora”. “Pequeños detectives” con los que ha compartido “muchos berrinches”. “Yo he construido una historia, me encantaría saber que me va a valer para algo. Pero sí, sí quiero saber”.

Artículo Publicado en Tribuna14

Repudiamos la decisión del Gobierno argentino de eliminar la unidad de investigación de CONADI

Desde Todos los niños robados son también mis niños, repudiamos la decisión del Gobierno argentino de eliminar la unidad de investigación de CONADI y nos adherimos al comunicado de que siempre son un referente en la búsqueda de los niños y niñas apropiados. No bajen los brazos, son nuestro ejemplo.

Comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo

Denunciamos una nueva embestida contra la búsqueda de nuestras nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar, con la confirmación del decreto publicado en el Boletín Oficial que elimina la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado” (UEI), dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). La práctica sistemática de robo de bebés fue probada y condenada por la justicia hace ya 12 años. Un delito que además de la sustitución de identidad de menores, implicó el secuestro, desaparición, partos en condiciones infrahumanas y asesinato de nuestras hijas y nueras.

Como advertimos hace un mes y medio –y el propio decreto reconoce–, es obligación de todos los poderes del Estado garantizar el cese del delito de apropiación. En tal sentido, exigimos al Gobierno nacional que informe cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la Unidad, central para esclarecer este delito de lesa humanidad. El pedido de información a otras dependencias del Estado es un instrumento fundamental para la resolución de la apropiación de menores en dictadura, pero también en democracia.

Al desfinanciar, vaciar y eliminar áreas que atienden la problemática de los derechos humanos en general, y el derecho a la identidad en particular, el Estado argentino, en su conjunto, incumple normas internacionales de rango constitucional y garantiza impunidad por crímenes ocurridos, pero también por ocurrir. Es falso que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial, ya que durante todos estos años han trabajado de manera mancomunada y complementaria para dar celeridad a esta búsqueda que lleva más de 40 años. El propio Poder Judicial, lejos de ver una intromisión en su tarea, reconoce el aporte de estas herramientas, construidas como políticas públicas de la democracia. Como otros organismos del Estado, la UEI fue creada para auxiliar a la Justicia, con el objeto de hacer más eficaz y ágil su trabajo, tal cual sucede con la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, sendas dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no reemplazan ni ejercen funciones judiciales.

La decisión del Gobierno de eliminar la UEI obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y nietas y favorece la impunidad. No podemos dejar de ver esta medida como parte de un plan, que incluye la visita de los diputados de LLA a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchas otras medidas que atacan derechos de la ciudadanía.

Pedimos a las autoridades correspondientes que concreten la reunión del Consejo asesor de la CoNaDI, cuyos miembros -entre ellos representantes del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Nación- vienen solicitando desde que trascendió el proyecto de decreto. El Gobierno debe informar cómo garantizará la búsqueda de los 300 nietos y nietas que falta encontrar y con ello, el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino.

Publicado en Abuelas.org/ar