Archivo de julio 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros tramitará la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Vallejo-Nájera concedida durante la dictadura, invocando precisamente que sus teorías sirvieron para justificar odio, represión y desigualdad. Es sin duda una buena noticia. Lo es porque ninguna democracia debería mantener honores públicos a quien utilizó la medicina, la psiquiatría y el prestigio de la ciencia para legitimar la represión, la desigualdad y la deshumanización de una parte de la población. Precisamente por eso nos planteamos una pregunta incómoda, si el Estado reconoce hoy que Vallejo-Nájera fue una pieza fundamental de la pseudociencia represiva del franquismo, ¿cómo es posible que siga pendiente una ley de bebés robados? Nos explicamos.

Antonio Vallejo-Nájera no fue un médico cualquiera extraviado por los prejuicios de su tiempo. Fue uno de los principales arquitectos de una psiquiatría franquista puesta al servicio de la victoria militar, del nacionalcatolicismo y de la depuración política de la sociedad española. Es decir, fue uno de los fundamentos de los crímenes de lesa humanidad generados por el franquismo y sus epílogos. Su figura encarna una de las operaciones más perversas de las dictaduras modernas: convertir la ideología en diagnóstico, la disidencia en enfermedad y la violencia de Estado en tratamiento. Bajo su mirada, el adversario político no era simplemente alguien con otras ideas; era un sujeto degenerado, contaminante, portador de una anomalía moral y psíquica que debía ser neutralizada.

Vallejo-Nájera sostuvo, con pretensión científica, que el marxismo, el republicanismo o la disidencia eran manifestaciones de inferioridad mental, degeneración o patología

La expresión más conocida de ese delirio fue la teoría del llamado “gen rojo”. Vallejo-Nájera sostuvo, con pretensión científica, que el marxismo, el republicanismo o la disidencia eran manifestaciones de inferioridad mental, degeneración o patología. En sus estudios sobre prisioneros y, de forma especialmente brutal, sobre mujeres antifranquistas, la política quedaba reducida a biología moral. La “roja” no era solo enemiga de España, sino también mala madre, mujer desviada, sujeto incapaz de educar correctamente a sus hijos. Así, la represión franquista adquiría una justificación aparentemente técnica, la de separar, reeducar, tutelar y corregir.

Conviene explicar bien qué significa aquí eugenesia. No se trata solo de importar mecánicamente el modelo nazi de eliminación física, esterilización o exterminio. En el caso español, la eugenesia se adaptó al marco nacionalcatólico. No buscó únicamente “mejorar la raza” en términos biológicos, sino regenerar la nación desde una combinación de catolicismo, militarismo, patriarcado y anticomunismo. La raza española era pensada como comunidad moral, religiosa y política. Por eso la eugenesia franquista constituyó, en gran medida, una eugenesia del conductismo y la reeducación, como fue separar a los menores de familias consideradas enemigas, entregarlos a entornos afectos al régimen, borrar o alterar vínculos de origen, disciplinar a las mujeres y convertir la maternidad en un asunto de Estado.

Este marco no fue una abstracción. Tuvo consecuencias materiales como se evidencia en el informe Hacia una memoria democrática inclusiva: Investigación multidisciplinar sobre el robo de niñas y niños en el Estado español desde una perspectiva de género: la separación de hijos de presas políticas, la tutela de menores por el Estado, los cambios de identidad, las adopciones irregulares, la intervención de instituciones religiosas, sanitarias, penitenciarias y asistenciales, y la continuidad posterior en democracia de prácticas de apropiación de niñas y niños no pueden comprenderse solo como una suma de delitos aislados o como un mero negocio. Esto no explica por sí solo la duración, extensión y tolerancia institucional de estas prácticas. Hubo una matriz ideológica previa, la idea de que determinadas mujeres no merecían ser madres, de que determinadas familias no merecían criar, de que determinados niños debían ser salvados de su origen. Es este el delito más doloso y alargado que heredamos del franquismo, la desaparición forzada de menores constitutiva de crimen de lesa humanidad.

El Estado parece dispuesto a reconocer la genealogía ideológica del crimen, pero no termina de desplegar las herramientas jurídicas necesarias para reparar a las víctimas y terminar con la impunidad

Por eso la retirada de la condecoración no puede quedarse en un gesto aislado. Es importante retirar honores a quien no merece honor alguno, pero la memoria democrática no puede vivir sólo de símbolos. O, dicho de otro modo, los símbolos son necesarios cuando abren camino a la verdad, la justicia y la reparación; se vuelven insuficientes cuando sustituyen a la justicia. Retirar una medalla al padre de la eugenesia nacionalcatólica franquista que propició el ‘robo de bebés’, y no aprobar una proposición de ley de ‘bebés robados’ —ampliamente trabajada por distintos grupos parlamentarios del actual gobierno e incluso de la oposición—, produce una contradicción política difícil de sostener. El Estado parece dispuesto a reconocer la genealogía ideológica del crimen, pero no termina de desplegar las herramientas jurídicas necesarias para reparar a las víctimas y terminar con la impunidad.

La reacción de la Asociación Todos los Niños Robados son También Mis Niños, promotora de la mencionada proposición de ley, en la red social X , ha sido precisa. Ante el anuncio de Pedro Sánchez, la asociación preguntaba cómo es posible que en 2026 este Gobierno no haya tenido aún la valentía de tramitar la Ley de Bebés Robados. Interpelaba directamente al PSOE, Sumar y al Congreso: “Es esta vuestra oportunidad, ¿a qué estáis esperando?”.

Esa pregunta debería estar hoy en el centro del debate. La proposición de ley no habla solo de irregularidades administrativas, adopciones opacas o historias familiares rotas, sino de desapariciones forzadas de menores, sustracción de identidad, obstáculos de acceso a la verdad y una deuda prolongada del Estado con las víctimas. Además, no se trata de una demanda marginal. En noviembre de 2025, expertos de Naciones Unidas instaron de nuevo al Parlamento a aprobar la ley pendiente sobre ‘bebés robados’, recordando la necesidad de implementar medidas contenidas en la propuesta legislativa como un registro nacional de víctimas, acceso efectivo a archivos y registros, la investigación fiscal y jurídica, y mecanismos adecuados para garantizar verdad, justicia y reparación.

Mientras tanto, las víctimas siguen chocando con muros conocidos, como archivos inaccesibles, documentación desaparecida o contradictoria, obstáculos probatorios casi insalvables, prescripciones, falta de investigación efectiva, ausencia de una política pública integral y respuestas judiciales fragmentadas. El problema no es solo que haya pasado mucho tiempo, es que el paso del tiempo ha sido utilizado muchas veces como argumento para cerrar puertas, cuando precisamente el Estado debería abrirlas. En los casos de desaparición forzada, apropiación de identidad y sustracción de menores, la democracia no puede limitarse a decir que los hechos son antiguos o prescritos. El delito persiste en tanto persiste la desaparición.

La memoria democrática no puede detenerse en la retirada de placas, cruces o medallas. La memoria democrática se mide también en los juzgados, en los archivos, en los registros civiles, en los bancos de ADN, en las leyes aprobadas, en las víctimas escuchadas y en las familias que siguen buscando.

Retirar la Gran Cruz de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera es un acto justo. Pero si el Estado reconoce que sus teorías pseudocientíficas sirvieron para justificar el robo y la separación de niños y niñas, entonces el siguiente paso debe ser la aprobación de la Ley de Bebés Robados. Porque una democracia no solo deja de homenajear a los verdugos, una democracia también repara a sus víctimas.

Soledad Luque Delgado
Manuel Sánchez Moreno

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Artículo publicado en El Salto