Archivo de enero 2025

Ni urgente ni importante

Desde el colectivo de víctimas por el ‘robo de bebés’ esperamos que todos nuestros representantes políticos hayan tenido una feliz Navidad, o estupendas fiestas, o encantador solsticio de invierno, según la preferencia de cada cual por el término adecuado. En cualquier caso, deseamos que estos días, momentos de reunión familiar por excelencia, hayan sido maravillosos. Y lo deseamos de corazón.

Para muchas personas, estas fechas han sido, de nuevo, la constatación de las ausencias que, al parecer, únicamente son recordadas por las personas que las sufrimos desde hace años, desde hace décadas. Espacios vacíos, aunque sigan llenos de su presencia cada día. Así ocurre en cada Navidad, en cada vacación de verano, en cada fecha significativa dentro de las familias que siguen buscando, precisamente, porque nosotras nunca olvidamos.

Un olvido que sí parece haberse apoderado, otra vez, de nuestros políticos que siguen sin dar el paso valiente y necesario para tramitar de forma definitiva la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados que se ha registrado tres veces, en tres legislaturas distintas, desde 2018. Una Ley que ampara a todas las víctimas de estos crímenes que se produjeron en la dictadura y también de los producidos en la transición, una transición marcada por un pacto de silencio.

Un olvido y un silencio, injustificables en presencia de delitos contra la humanidad, que permitieron que no se investigasen los crímenes perpetrados en la dictadura ni los que siguieron produciéndose en la transición.

De manera muy preocupante, cada vez pasa más tiempo desde que los Grupos políticos firman el registro de la Proposición de Ley hasta que la llevan a su toma en consideración: la primera vez, en 2018, tan solo pasó un mes; la segunda vez, en 2020, pasaron cuatro meses; en esta tercera ocasión, la han registrado en junio de 2024 y siete meses después seguimos sin que ningún Grupo la lleve a pleno para aprobar esta toma en consideración, un escalón imprescindible para seguir con su tramitación.

En este nuevo año 2025 se cumplen 50 años de la muerte del dictador y el Gobierno de España ha organizado una agenda de actos que ha denominado España en Libertad. En la agenda que actualmente se puede consultar, hasta ahora, no se recoge ni un solo acto en relación con las víctimas del ‘robo de bebés’ y, en verdad, tampoco hay presencia de muchos otros crímenes del franquismo. Este año debería ser una oportunidad para que nuestro Gobierno honre la memoria de las víctimas de la dictadura, de todas, de manera clara, sin medias tintas, sin exclusiones porque honrar a las víctimas del franquismo es también defender el valor de nuestra democracia ante los actuales ataques retrógrados.

Desgraciadamente, el tiempo pasa y a esas ausencias de los hijos, hermanos o familias que buscamos se les unen otras, las que corresponden a las madres, ya muy mayores, que inexorablemente nos van dejando.

No dudo de que sea un tema sensible para nuestros políticos (habría que tener muy poca empatía para que no lo fuera), pero ¿cuándo considerarán este tema lo suficientemente importante como para que también lo estimen urgente?

Tienen una ley en sus despachos para tramitar, una ley apoyada por todos los Grupos, excepto (lógicamente) por los nostálgicos de la dictadura, negacionistas de todo lo que suponga la defensa de los derechos humanos. ¿Será en esta legislatura en la que se apruebe después de 7 años en el Congreso? Diputadas y diputados, ojalá que el año 2025 sea para sus señorías el mejor de todos. Que sea un poco mejor para nosotras, las víctimas del ‘robo de bebés’, depende de ustedes. En sus manos está.

Soledad Luque Delgado es Presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños” y portavoz del área de ‘bebés robados’ de CEAQUA. Profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid.


Artículo publicado en Artículo14

El Gobierno olvida la causa de los bebés robados en sus actos para celebrar el 50 aniversario del fin de la dictadura: “Es incomprensible”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró el pasado miércoles la serie de actos previstos durante 2025 en conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco, que van a tener lugar en las distintas autonomías. Bajo el lema España en libertad, el Ejecutivo ha planeado más de un centenar de actividades para “conocer nuestra historia reciente y celebrar colectivamente la democracia”, según recoge la web de la iniciativa.

En la agenda, cuya programación no está cerrada, figuran diferentes iniciativas “para aprender, reflexionar y disfrutar en museos, bibliotecas, centros culturales, colegios, universidades, cines y calles de nuestro país”. “En 1975, España inició un largo y difícil camino para recuperar la libertad y la democracia. En 2025, 50 años después, recordaremos el inicio de ese éxito colectivo y celebraremos el país próspero, plural y democrático en el que nos hemos convertido”, añade.

Las temáticas que se abordarán incluyen, entre otras cuestiones, la migración de españoles que huyeron de la miseria, el pueblo gitano, los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, la Constitución o, incluso, el papel de la monarquía durante la Transición. No obstante, también hay una ausencia clara que ha causado el malestar de algunas organizaciones memorialistas: la causa del robo de bebés durante el franquismo y los primeros años de la democracia.

“No hay absolutamente nada”, afea Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Esta entidad, que trabaja en colaboración con otros colectivos (CEAQUA y la Plataforma Encuentro de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo) se queja de que el Ministerio de Memoria Democrática, en manos de Ángel Víctor Torres, no se ha puesto en contacto con estas organizaciones para abordar este asunto en el marco de dichas actividades. “Es incomprensible”, añade Luque, en declaraciones a Infobae España.

Por su parte, fuentes del departamento despachan esta ausencia alegando que la web “no recoge todos los actos” que se van a llevar a cabo a lo largo de 2025. “Se irán añadiendo más temas”, ahondan estas voces, deslizando la posibilidad de que esta cuestión se incluya en la programación más adelante. En este sentido, destacan que otras instituciones no gubernamentales pueden sumarse a la iniciativa del Gobierno mediante el envío de sus peticiones a través de la web que la gestiona. ”Queremos que la conmemoración sea lo más abierta e inclusiva posible”, reza la presentación.

Luque subraya además que el Gobierno deja fuera de estos actos “otros temas relacionados con la represión”. Asimismo, manifiesta su decepción con el Ejecutivo por “no invitar” a entidades memorialistas al evento de inauguración protagonizado por Pedro Sánchez en el Museo Reina Sofía. “Cuando se habla de esta España en libertad, lo primero que pensamos es que las entidades memorialistas tienen que participar porque, en gran medida, han hecho posible la llegada de la democracia”, denuncia.

“Nos alegramos de que se conmemore este hito, pero no entendemos que haya una agenda institucional en lugar de una que reivindique la memoria de las víctimas del franquismo. Celebremos que se conmemore la democracia, pero celebremos también a la gente que ha hecho posible esto”, abunda.

Siete años con la ley de bebés robados en un cajón

En lo que respecta a la causa de los bebés robados, Luque afea que “el olvido es doble”, ya que el Congreso aguarda a la aprobación de una ley sobre la desaparición forzada de menores, que pretende acabar con la “impunidad” de una de las “mayores atrocidades” que se han cometido en el Estado español. “Roza la estupefacción. Teniendo esta ley sobre víctimas del franquismo, en gran parte, ¿cómo es posible que no haya no un acto de bebés robados en esta agenda?”, reflexiona.

El pasado mes de junio, Podemos, Sumar, ERC, Bildu, BNG y Junts presentaron por tercera vez en siete años dicha norma, lastrada en 2019 y en 2023 por la disolución de las Cortes Generales. En esta ocasión, no llevó la rúbrica de los socialistas, pero la presidenta de esta asociación asegura que el PSOE se comprometió a apoyar su toma en consideración y colaborar en los trabajos para que reciba luz verde.

Además, ante el riesgo de que se vuelva a quedar guardada en un cajón, Soledad Luque pide a los partidos impulsores que den el paso para aprobar la ley en el Congreso en esta legislatura. “Esperamos que en febrero retomen el trabajo y la lleven a su toma en consideración. Hoy por hoy nadie ha dado su paso adelante”, declara a este medio.

¿Qué dice la ley?

El texto legislativo explica que, “durante décadas, y hasta etapas muy próximas, un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, simulándose su fallecimiento y ocultándose su apropiación o desaparición forzada, incluso, con alteración o falsificación de documentación pública. Sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy”.

El “crimen”, cometido desde el final de la Guerra Civil hasta los años de la democracia, se divide en tres fases principales. La primera llegó hasta la década de los años 50, aproximadamente, y se caracterizó por el robo de los hijos a las presas republicanas como medida de higiene racial inspirada en teorías psiquiátricas perversas. “Muchas de estas niñas y niños robados de las cárceles pasaron a ser tutelados por el Estado y entregados a familias afectas al régimen. Se estima que hasta los años 50 más de 30.000 niñas y niños estuvieron bajo la tutela del Estado.

A partir de los años 50 y durante toda la dictadura, se desarrolló una segunda fase en la que la represión económica, política, moral, religiosa, sexual y de género convirtió en blanco propicio de los robos a las mujeres de los sectores más vulnerables: madres solteras, primerizas, madres de familias numerosas humildes, mujeres con carencias culturales y educativas. Muchas de ellas —dice la ley— ingresadas contra su voluntad en centros vinculados al Patronato de Protección a la Mujer.

“En los últimos años de la dictadura y durante la Transición no faltan casos de víctimas jóvenes con ideas más adelantadas a las de la sociedad franquista, tachadas de ‘descarriadas’. Los bebés desaparecían de los centros hospitalarios a los que iban las parturientas, que abandonaban el hospital bajo la creencia de que su hija o hijo había muerto. La ideología nacionalcatólica de regeneración del espíritu nacional justificaba estos hechos para reubicar a los bebés en ‘familias de bien’”.

La tercera fase, una vez terminada la dictadura, se caracterizó por desapariciones de menores que siguen, en lo sustancial, la tipología de los casos de la segunda fase, pero “en un contexto político democrático que tampoco tuvo voluntad de poner fin a dichos crímenes y revertir la situación de impunidad mantenida”.

El objeto de la norma es proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el “reconocimiento y efectividad” del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del robo de bebés en el Estado español, con la consiguiente sustitución de identidad desde el 17 de julio de 1936, que “es constitutivo de un delito de lesa humanidad”.

También tiene por objeto “facilitar” las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados por España, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y otras normas internacionales de aplicación.

Artículo publicado en Infobae

Jornadas ‘La Desbandá tiene rostro de mujer’: infancia, mujer y Memoria

El próximo 19 de enero tenemos el honor de participar en las Jornadas ‘La Desbandá tiene rostro de mujer: infancia, mujer y Memoria’ de mano de nuestra compañera Pilar Navarro que hablará sobre el robo de niños/as en la dictadura.

Durante toda la mañana se celebrarán varias mesas redondas en las que se tratará el papel, en muchas ocasiones ocultado, de la mujer durante la posguerra y dictadura, poniendo el foco en este infame episodio represivo que fue La Desbandá.

Podéis consultar el programa completo y si estáis en Fuengirola, sin duda, os animamos a acudir. Jornadas organizadas por el PCA.

 

 

“Se están muriendo sin encontrar a sus familias”: el Congreso vuelve a fallar a las víctimas de los bebés robados

María Luisa tenía 73 años y llevaba otros tantos buscando a su hija, con la ayuda de su hermana Elena. Amigos y compañeros en su lucha, otras víctimas del robo de neonatos durante el franquismo y la Transición, acaban de enterarse de que María Luisa nunca podrá encontrarla.  El 26 de diciembre de 2024, horas después de que millones de familias se reunieran con sus seres queridos para celebrar la Navidad, descubren que María Luisa ha muerto.

La noticia ha golpeado con dureza a las personas que durante años han escudriñado archivos, repasado fotografías, visitado cementerios en busca de una confirmación o siquiera de una pista que les acerque a la verdad. María Luisa es una más de las víctimas que presentaron una proposición de ley para facilitar las investigaciones sobre estos robos hace casi siete años, y que llevan seis meses esperando que el Congreso de los Diputados empiece siquiera a tramitarla. Ya comenzó con los trabajos dos veces, en anteriores legislaturas, sin concluirlos.

El momento de ver la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no llega, y se muestran desesperadas. “Es la lucha de una generación, sabemos que nuestros hijos no la van a continuar. Y las víctimas se nos van muriendo sin encontrar a sus familias”, asegura a Artículo14 Soledad Luque. Es la portavoz de la Coordinadora Estatal de apoyo a la querella Argentina-CeAqua en esta materia, y presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, responsable del texto original.

Luque asegura que, como María Luisa, son varias las víctimas que han muerto a la espera de hallar el rastro de sus familiares. Los hechos ocurrieron hace décadas, y muchas de estas personas son hoy ancianas. Antonio falleció antes de encontrar a su hermano, como les ocurrió a Victoria y a CharoCarmen no llegó a conocer a su hermana melliza. Adelina nunca pudo recuperar a su pequeño Bruno; se lo arrebataron cuando acababa de nacer.

La hermana mayor de Cristina tendría hoy 68 años. Ella apenas sabe que nació en diciembre de 1956, que pesó cuatro kilos y que la dieron por muerta en el hospital, sin entregarle un solo documento que lo certificase. Son algunos de los testimonios que recogen las víctimas, que se mantienen conectadas e informadas a la espera de una noticia que siempre se retrasa. Algunas pierden la paciencia y abandonan temporalmente sus búsquedas. Otras tiran la toalla y tratan de olvidar.

La proposición de ley tiene el apoyo de varias asociaciones de víctimas de todo el territorio, así como el de organizaciones como Amnistía Internacional. La iniciativa llegó a la Cámara por primera vez en 2018; la segunda fue en 2020, y volvió a aterrizar en ella a finales de mayo de este año. La firman los grupos Sumar, Junts per Catalunya, Republicano y EH Bildu, además de los partidos Podemos y BNG. PP, PSOE y PNV no la han rubricado en esta ocasión, pero sí han comprometido sus apoyos.

Se trata, además, de un compromiso plasmado en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar“Impulsaremos una ley de ‘bebés robados’ que garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y familias, permitiendo el acceso a los archivos, documentos públicos y privados y garantizando que todas las víctimas reciban reparación integral”. Ninguno de los dos socios de coalición se pronuncia sobre la fecha en la que llegará a pleno.

Es prácticamente el mismo escenario en el que vivían en verano; similar al que durante años vivieron los impulsores de normas como la Ley ELA, aunque estos últimos sí han logrado que el Parlamento atienda sus demandas. Las víctimas viven un escenario casi idéntico al de verano, salvo porque María Luisa y otras víctimas ya no están.

“Estamos al final de la lista”

Las víctimas son conscientes de que los grupos parlamentarios cuentan con un cupo máximo de iniciativas legislativas que pueden llevar a pleno en cada periodo de sesiones. A mayor número de diputados, mayor cupo. Cada grupo se organiza, fundamentalmente, en base a sus prioridades políticas, pero también tienen en cuenta el contexto, la agenda pública. Y estas víctimas sienten que están “al final de la lista” de prioridades.

“Nunca nos va a llegar el turno”, lamenta Luque. Llevan tres legislaturas esperando, con canales de comunicación abiertos con la práctica totalidad de los grupos, menos Vox. En 2018, la ley recibió el aval de todos los partidos. Tras la convocatoria electoral, en 2020 volvió a recibir luz verde del pleno para comenzar su tramitación, aunque en esta ocasión la ultraderecha se posicionó en contra. “No se robaron niños en ninguna trama por parte de ningún régimen”, afirmaron desde Vox. Incluso consideraron estos hechos  “un invento” de la “izquierda socialcomunista”. Se quedaron solos en su rechazo.

La tramitación comenzó, pero el texto pasó tres años acumulando polvo. El plazo para presentar enmiendas se prorrogó en más de un centenar de ocasiones. Idealmente, estos plazos sirven para mejorar las normas, enriquecerlas y favorecer el debate. En muchas ocasiones, sin embargo, el limbo de las prórrogas funciona como una vía muerta de la que las leyes no vuelven a salir. El texto decayó por segunda vez con el adelanto electoral del 23-J, como había ocurrido cuatro años antes. Habían pasado exactamente tres años desde que logró el aval para iniciar su andadura.

Grosso modo, la proposición de ley persigue garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición. Aborda el impulso de las investigaciones, garantizando el acceso a todo tipo de archivos, incluidos los de la Iglesia Católica; la creación de una Fiscalía especializada, una unidad de investigación de la Policía Judicial, y un banco público de ADN. También abarca la realización de exhumaciones con cargo al Ministerio de Justicia; el derecho a atención médica, jurídica y psicológica gratuita, así como la celebración de campañas de información y difusión sobre estos delitos. No contempla indemnizaciones.

El Registro del Congreso recoge varias iniciativas sobre los ‘bebés robados’ desde 2011; hay preguntas con respuesta oral y escrita al Gobierno (entre ellas, del PDeCat), una proposición no de ley (PNL) presentada por Unidas Podemos, y hasta la solicitud de creación de una comisión de investigación. En febrero de 2019, PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y el grupo Mixto rubricaron una declaración institucional en la que se expresaba “el reconocimiento público del drama del robo de bebés y la desaparición forzosa de menores”.

Los firmantes lamentaron no haber logrado aprobar la ley, y prometieron seguir trabajando en esta línea: “Las víctimas necesitan contar con instrumentos eficaces en la investigación de la verdad en las desapariciones de menores que de forma repetida han ocurrido en este país, con el consiguiente dolor y sufrimiento para las personas afectadas”, sostiene la declaración que suscribieron.

En mayo, cuando las víctimas registraron la proposición de ley, se mostraban esperanzadas. En agosto se sabían en una suerte de limbo, pero decían confiar en que, a la tercera legislatura, iría la vencida. Los meses pasan, algunos de sus compañeros mueren. Y cada día ven más difícil llegar a conocer a los hijos, hijas, hermanos, hermanas, primos y primas que les arrebataron hace décadas.

María Luisa no volvió a intentar ser madre: estaba demasiado asustada

María Luisa nació en Andalucía, pero ya residía en Madrid cuando se quedó embarazada. Algunos días antes de dar a luz, le comunicaron que el Hospital Reina Sofía no atendía a madres solteras, y le sugirieron acudir a La Casa de La Madre. Era 1979, y su hermana Elena recuerda cómo les explicaron que en este centro no hacían demasiadas preguntas. Antes del parto sentía dolor, y su madre y su hermano decidieron acompañarla. En el hospital les acabaron mandado a casa. Cuando llegó la hora del parto, la durmieron. La madre de María Luisa acudió poco después, y le informaron de que la bebé que esperaban había muerto. Insistió en verla y  le mostraron un cadáver arrugado, morado. Luego se sucedieron los cambios de versión sobre el motivo de la muerte de la pequeña. Nunca les entregaron un certificado de defunción. Elena fue quien se hizo cargo de la búsqueda. Recuerda que presentaron denuncia en los Juzgados de Castilla. Se archivó en dos semanas. María Luisa nunca volvió a atreverse a intentar ser madre, “por si le pasaba otra vez”. Estaba demasiado asustada.


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